El Gobierno ha acelerado el desarrollo de la ley sólo en los últimos tres meses. Decenas de símbolos franquistas han sido retirados este año
El pasado 25 de noviembre, el Congreso rechazó tomar en consideración la iniciativa de ERC para ampliar la Ley de Memoria Histórica y reconciliar a la democracia con la República, que no aparece mencionada ni una sola vez en el texto aprobado por el Parlamento en 2007 y que está vigente desde el 27 de diciembre del pasado año.
En aquel debate, quedaron recogidos los avances que ha propiciado el texto a lo largo de 2008 y, también, buena parte de las frustraciones generadas. "No es suficiente y ofende por no reconocer a todas las personas represaliadas ni otorgarles la condición jurídica de víctimas", expuso el diputado republicano Joan Tardà. El PSOE replicó dejando claro cuál es el límite del Gobierno: la propia ley. Desarrollarla "en su totalidad, sin limitación, distracción o cortapisa", fue la bandera enarbolada por el diputado socialista Daniel Fernández.
Desarrollo normativo
Las críticas de ERC no son una excepción. Los colectivos de defensa de la Memoria Histórica consideran insuficiente no sólo la ley sino su propia ejecución. Y eso que su desarrollo se ha acelerado en el último trimestre. El 31 de octubre, se vieron los primeros frutos. El Gobierno aprobó la concesión de la nacionalidad española a los miembros de las Brigadas Internacionales, el abono de indemnizaciones a las víctimas que trabajaron "en defensa de la democracia" entre los años 1968 y 1977 y la denominada "declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia" durante el franquismo.
El Ministerio de Cultura ha acelerado el envío de fondos al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca
Al mismo tiempo, Justicia ha facilitado la consulta de los registros civiles y ha regulado la opción a la nacionalidad española de los hijos y nietos de los exiliados de la dictadura.Medio millón de descendientes de exiliados podrán pedir la nacionalidad a partir del próximo lunes, según el cálculo de las asociaciones. El trabajo normativo acaba ahí. No así las novedades nacidas del texto.
El Ministerio de Cultura ha acelerado el envío de fondos al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Justicia ha habilitado una web la primera que dedica el Gobierno a la Memoria Histórica que facilita información sobre los trámites relacionados con la ley y hace una semana se anunció la creación de una Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Además, una veintena de ayuntamientos ha retirado honores y medallas concedidas a Franco. Su aplicación ha limpiado, además, pueblos y ciudades de símbolos franquistas. El pasado 18 de diciembre se retiró en Santander la última estatua ecuestre de Franco en una vía pública. Y la retirada ha llegado en 2008 también al Valle de los Caídos. En 2008, España ha enterrado, definitivamente, el 20-N.
Las novedades de un texto pionero
El 31 de octubre de 2007, el Congreso aprobó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP y ERC, la denominada Ley de Memoria Histórica. Era la primera vez que se regulaba el último poso del franquismo.Su texto fue publicado en el BOE el 27 de diciembre de 2007.
Su título expone sus intenciones: "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura". Hace una condena expresa al franquismo, pero no anula los juicios orquestados por la dictadura, a los que únicamente adjudica la condición de "ilegítimos", calificativo que extiende a sus condenas.
La ley obliga a retirar símbolos y monumentos franquistas, salvo cuando concurran razones artísticas o religiosas. El texto prohíbe que se celebren actos de naturaleza política en el Valle de los Caídos, prevé distintos tipos de indemnizaciones para las víctimas del franquismo y se compromete a "facilitar" a los interesados las tareas de localización de los desaparecidos de la dictadura.
